Las trabajadoras del hogar en España ocupan una posición vulnerable en el mercado laboral, y en general en la sociedad, causada por un complejo entramado de factores económicos, legales y culturales. Esta vulnerabilidad se traduce en una exposición elevada a acusaciones de tipo penal, principalmente por hurto, robo o estafa, las cuales esconden, en realidad, motivaciones laborales. Estas acusaciones desvelan la indefensión que sufren las trabajadoras en el ámbito de la justicia estatal, así como significados y dinámicas de fondo en su relación con empleadores/as, operadores jurídicos y agentes del Estado. Abordamos aquí dos casos judicializados, reconstruidos a partir de testimonios directos. Mostrando las imbricaciones de las dimensiones legales y morales del derecho, destacamos: la banalización de las acusaciones penales por los/as empleadores/as; la interpretación en términos de merecimiento por todas las partes; el ensañamiento con que actúan los/as empleadores/as y sus representantes; y los factores objetivos de riesgo que sufren las trabajadoras al desempeñar su labor en domicilios particulares. También analizamos los estigmas y prejuicios de género, clase y raza que otorgan credibilidad a las demandas y determinan, en gran medida, los procesos judiciales. Contrariamente a lo que podríamos esperar, el derecho se convierte en un instrumento de agresión para sostener injusticias, indefensiones y vulnerabilidades.