La realización de proyectos mediante la colaboración público-privada (CPP) no es una novedad, puesto que en el Derecho romano ya se contemplaba la concesión administrativa. En España, se han utilizado diversas formas de CPP y en 2007 se estableció un específico contrato de CPP, que fue escasamente utilizado y que desapareció en 2018 con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público. La Unión Europea ha aprobado, desde los años noventa del pasado siglo, diversos documentos sobre la CPP, unos específicos y otros en el ámbito de las infraestructuras de transporte. Tanto España, como otros países europeos de su entorno, han realizado fiscalizaciones sobre la CPP y el Tribunal de Cuentas Europeo ha llevado a cabo un Informe Especial en 2018. La desaparición en España del específico contrato de CCP plantea la incertidumbre de si podrán conseguirse los mismos resultados a través de la aplicación de otras modalidades contractuales. El control externo de la CPP presenta interesantes perspectivas en ámbitos tales como la planificación y la evaluación, la transparencia, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, la equidad y la calidad