La firma de los Acuerdos Autonómicos por parte del PSOE y UCD en julio de 1981 ha sido interpretada tradicionalmente como consecuencia directa del frustrado golpe de Estado del 23F. Este artículo revisa este análisis a partir de documentación interna e inédita, atribuyendo la toma de posición del Partido Socialista, no solo a una reacción frente la intentona involucionista, sino como producto de un proceso mucho más amplio, iniciado tras la aprobación de la Constitución. Los socialistas, condicionados por su trayectoria ideológica, fueron elaborando una política en materia autonómica que estuvo marcada por la coyuntura y que dependió tanto de los avatares del contexto estatal como de los que afectaron a los procesos autonómicos de cada territorio. Cuestiones estratégicas, electorales, ideológicas y una actitud que trataba de conciliar posiciones relativas a la responsabilidad de Estado con el mantenimiento de promesas sobre las demandas de autogobierno, interactuaron retrasando un pacto sobre el que se debatió desde que el nuevo marco legal dejara abierta la nueva estructura del Estado. En esta investigación se analiza la coincidencia entre centristas y socialistas sobre la necesidad de racionalizar la construcción del futuro Estado de las autonomías desde 1979. De hecho, armonizar el proceso autonómico fue un objetivo fundamental en el PSOE mucho antes de que el 23F ofreciera a los socialistas la oportunidad idónea para alcanzar un acuerdo de Estado con el que diseñar un modelo coherente con los principios que el partido había defendido desde el inicio de la Transición.