Los problemas de la consolidación de la democracia en México y en América Latina ocupan un lugar central en el debate político contemporáneo. Una adecuada revisión de este problema nos conduce a analizar una serie de factores inherentes a la llamada crisis de gobernabilidad y vincularlos con lo que algunos estudiosos y autoridades a todos los niveles de gobierno, han planteado como crisis del Estado-Nación, tal como este fenómeno se ha expresado en el periodo 1988-2006 y que coincide con los procesos de apertura democrática y, en su caso, de maduración de la democracia en buena parte de los países latinoamericanos. En el pasado, los programas de estabilización económica impulsados por los organismos financieros internacionales Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo no pretendían, armonizarlos con procesos de democratización de varios países emergentes latinoamericanos, especialmente el caso mexicano y el fenómeno chileno. En algunos casos, la viabilidad política de los estados latinoamericanos se explica aparentemente por el cambio de modelo económico, del tradicional esquema hacia adentro, a la apertura y globalización de los mercados. En esta lógica, los criterios de racionalidad económica son un factor que se relaciona directamente con los problemas de gobernabilidad, que hasta ahora, se hacen ostensibles en el cuestionamiento de la legitimidad de algunos gobiernos democráticamente electos. Ya en el ejercicio del poder, las todavía incipientes democracias latinoamericanas han encontrado serias difícultades para garantizar los acuerdos sociales y políticos básicos que son condición indispensable para la gobernabilidad y la conducción del Estado, no solamente desde el punto de vista legal sino también legítimo.