Con este trabajo se pretende analizar la efectividad de la Ley Orgánica 2/2020, que persigue la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad, en el contexto de adaptación y modificación del ordenamiento español a los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley deroga el art. 156 del Código Penal, que establecía que no sería punible la esterilización acordada por el órgano judicial en el caso de personas que, de forma permanente, no pudieran prestar consentimiento. Sin embargo, la erradicación de este tipo de prácticas solo será real y efectiva cuando se garantice un consentimiento accesible y debidamente informado a las mujeres con discapacidad que opten por este método anticonceptivo.