En 2017 Chile es denunciado por las Naciones Unidas, junto con otros 37 países, por ejercer esterilizaciones forzadas contra mujeres y niñas con discapacidad. Esta investigación explora las visiones de activistas, profesionales e investigadoras chilenas sobre elementos que favorecen la continuidad de esta práctica en el país. Desde un enfoque cualitativo basado en la teoría fundamentada constructivista, se entrevistaron 21 informantes. Como principales factores que propician este tipo de esterilizaciones emergieron la aceptación de la violencia sexual y el no reconocimiento de la violencia ejercida, la ausencia de un Estado protector y las dinámicas de abuso de poder sobre mujeres y niñas con discapacidad. Se concluye que la esterilización forzada forma parte de un vasto repertorio de violencias contra mujeres y niñas con discapacidad, que profundizan y perpetúan dinámicas de opresión, injusticia y desigualdad social.