La tradicional dificultad para absorber los fondos provenientes de programas europeos, junto con la necesidad ejecutar los cuantiosos caudales derivados del Instrumento Europeo de Recuperación, han llevado a la introducción de modificaciones legislativas que afectan, en particular, a la actividad subvencional. En este sentido, los legisladores estatal y autonómicos, dentro del complejo marco competencial existente, han implementado reformas orientadas a flexibilizar el régimen de tramitación, concesión y justificación de las subvenciones financiables con fondos europeos. Estas medidas tienen un enfoque amplio, pues no se dirigen exclusivamente a la ejecución de fondos del Instrumento Europeo de Recuperación, sino que, en ocasiones, alcanzan a otros programas europeos. Ello es muestra de que ciertos problemas a los que pretenden responder las reformas tienen naturaleza estructural, cabiendo incluso su eventual traslación a la regulación general de las subvenciones. En cualquier caso, la agilización en la tramitación de subvenciones habría de garantizar un control suficiente, debería acompañarse de la implementación de técnicas orientadas a alcanzar la máxima eficacia de las ayudas (planificación estratégica, gestión por objetivos, análisis de desviaciones…) y tendría que unirse a un cambio en la cultura de gestión de los caudales públicos.