En 1991, como resultado de un proceso de negociación entre grupos guerrilleros desmovilizados, movimientos indígenas, partidos políticos tradicionales y nuevas agrupaciones políticas, se promulga la Constitución Política (vigente en la actualidad) que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de Colombia. Este hecho inédito en la historia del país, genera en el plano jurídico una serie de confrontaciones entre comunidades indígenas que reivindican derechos culturales y personas que consideran vulnerados derechos individuales como el de la libertad de conciencia. En este contexto se inscribe el caso de la comunidad indígena arhuaca, descendientes de los antiguos tayronas, una de las civilizaciones precolombinas más importantes del país. Dentro de la mencionada comunidad, las autoridades indígenas ordenan en 1997 la expulsión de su territorio de los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una confesión de origen cristiano que condena como satánicas los ritos que las autoridades religiosas indígenas defienden como parte esencial de su identidad cultural. El conflicto entre las partes se torna complejo, pues algunos indígenas, como miembros de la Iglesia Pentecostal, exigen la intervención del Estado para proteger la libertad de culto que consideran vulnerada. El caso arhuaco reviste interés porque expresa la tensión entre derechos individuales y derechos en función del grupo, derechos de naturaleza opuesta reconocidos en pie de igualdad por la nueva constitución colombiana. Analizar este caso implica abordar la cuestión sobre la posibilidad de preservar derechos en apariencia antagónicos y que las partes en conflicto exigen proteger en nombre de su particular concepción de lo justo.