El objetivo de este artículo es desmontar las bases teóricas que justifican la adopción obligatoria de esquemas de pensiones completamente financiados, públicos o privados, como sustitutos totales o parciales del actual sistema de reparto, no financiado en su totalidad. La transición desde un sistema público de reparto a otro completamente financiado no dotará a las generaciones futuras de un mayor capital, ni aumentará el producto per cápita. La causalidad neoclásica “el ahorro genera inversión” no se cumple. Además, la privatización, total o completa, del sistema de pensiones plantea dudas relacionadas con el riesgo precio de los activos, la existencia de costes de transacción, y la equidad. La hipótesis de inestabilidad financiera (HIF) de Hyman Minsky ofrece un marco teórico de crítica a las hipótesis utilizadas para justificar la transición hacia un sistema de pensiones financiado y privado. Finalmente, se ofrecen soluciones a los problemas asociados al actual sistema de pensiones público de reparto.