El artículo describe la situación en la que se encuentran el gobierno y la sociedad española respecto a la defensa nacional, cuando ha transcurrido el primer año de andadura del ejército profesional. Si bien la profesionalización de las Fuerzas Armadas (y la consecuente supresión del servicio militar obligatorio) se apoyó con amplio respaldo social, esa nueva composición, que requiere determinados recursos humanos y materiales, parece tropezar con actitudes y representaciones colectivas, acerca de la institución militar y de sus componentes, poco propicias para inducir a los jóvenes a solicitar su incorporación al ejército (al menos, con los salarios actuales) y, en general, para convencer a la sociedad civil de que se requieren más medios de los asignados hasta ahora si se pretende mantener un ejército profesional en España y, desde aquí, contribuir a la defensa de Europa.