En las últimas décadas los gobiernos de los países del mundo han tratado de incorporar dentro de sus planes y programas de desarrollo una serie de políticas derivadas de compromisos internacionales, tratando de que en la escala de lo local sean pertinentes para combatir la pobreza urbana y las problemáticas de ella derivadas, en particular la carencia de vivienda y servicios, educación, salud, empleo, así como otros factores que influyen directamente en la calidad de vida de la mayoría de la población. Este esfuerzo requiere no sólo de seguir los acuerdos internacionales bajo diversas estrategias, sino adaptarlos a la condición local por medio de la práctica reflexiva de las instituciones encargadas de implementar estos programas, los profesionales del desarrollo, el sector privado y las universidades, incorporando de una forma cada vez más sólida a los actores de la sociedad civil en este complejo proceso. En este sentido, México no es la excepción. Se ha buscado hacer una reflexión sobre el papel de las políticas de vivienda que han venido operando en el país, los actores involucrados, los alcances y expectativas que las buenas prácticas podrían tener en un futuro y sobre todo, las posibilidades de cambio y mitigación de la pobreza urbana a través de estrategias de participación social que atiendan de un modo más operativo e incluyente el satisfactor habitacional para grandes grupos de la población en este país