En las últimas décadas la violencia contra las mujeres ha pasado de ser una práctica aceptada por la sociedad y tolerada por el derecho (Vg. Ejercicio de la potestad marital en el derecho civil, o el tratamiento en el derecho penal de los "crímenes pasionales"), a ser considerada una violación grave de los derechos humanos de quienes la padecen. Este cambio se debe, entre otros factores, al cuestionamiento que desde el feminismo ha surgido respecto del rol de las mujeres en la sociedad y la correlativa inclusión de éstas en el mercado laboral y en las esferas del poder político. Una de las principales demandas de este movimiento ha sido la penalización de la violencia contra las mujeres. Se argumenta para estos efectos, por una parte, que el régimen legal no ha impedido que las mujeres sean víctimas de ataques a su integridad personal o su vida y, por otra, que existe un efecto simbólico en la penalización de una conducta que antes había sido socialmente aceptada.