Este movimiento se destaca aún, por las contribuciones decisivas en el proceso de democratización del Estado, al producir, inclusive, innovaciones importantes en el campo de las políticas públicas. Se destaca, en ese escenario, la creación de los Consejos de la Condición Femenina -órganos dirigidos hacia el diseño de políticas públicas de promoción de la igualdad de género y prevención frente a la discriminación de las mujeres. La lucha contra la violencia doméstica y sexual, estableció un cambio de paradigma en relación a las cuestiones de público y privado. La violencia domestica, vista como algo de la dimensión de lo privado, alcanza la esfera pública y se torna objeto de políticas específicas. Ese cambio hace que la administración pública introduzca nuevos organismos, como: las Comisarias Especializadas en el Servicio a la Mujer (CESM), los refugios institucionales para la protección de las mujeres en situación de violencia, y otras necesidades para la implementación efectiva de políticas públicas dirigidas a las mujeres, por ejemplo: la capacitación de profesionales de seguridad pública con respecto a las situaciones de violencia contra las mujeres, entre otras iniciativas.