La violencia de género o violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja sigue siendo un problema social de primera magnitud, porque no se concibe una sociedad democrática y de derecho donde se vulneren los derechos humanos de una parte de la población, como es en este caso que nos ocupa, a las mujeres. No obstante, en muchas ocasiones, el celo por proteger a las víctimas puede cercenar derechos consolidados de su ejercicio, sin haber oído a las actoras si es oportuno prescindir de estos derechos o no. En este artículo se analiza si es oportuno modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar los artículos que permiten a las mujeres víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja, acogerse a la dispensa de no denunciar o no declarar (art. 260 y 416), respectivamente, o en su caso, se deberían arbitrar otras medidas conducentes a empoderar a estas mujeres, antes de retirar derechos legalmente establecidos, además de realizar investigaciones para oír a las víctimas de estos hechos, al objeto de poder tomar la decisión más adecuada a este respecto.